La ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público se ha convertido en un tema de especial interés para las autoridades nacionales en movilidad y tránsito. Las actuales plataformas que respaldan las diversas modalidades de transporte informal de pasajeros han enfrentado graves sanciones, viéndose involucradas en complejos procesos legales que pretenden destituirlas y restarles participación en el creciente mercado nacional.
A pesar de todas las limitaciones impuestas, el gremio de transportadores ilegales ha venido creciendo progresivamente al punto de limitar considerablemente las opciones de sostenimiento económico para el gremio taxista, restando sus oportunidades de aspirar a un trabajo digno que garantice el sostenimiento de miles de familias afectadas en todo el país.
En vista de este panorama el Sr. Hugo Ospina presidente de Asoproctax, ha radicado un derecho de petición en donde se exige a las autoridades competentes recrudecer las sanciones a los conductores informales, estableciendo una serie de penalizaciones entre las cuales se incluyen la cancelación de la matrícula para vehículos que no cumplan con la homologación de funciones establecida por el código de tránsito y transporte en Colombia, a su vez plantea la posibilidad de anular las licencias para todos los conductores que sean sorprendidos prestando servicios de transporte público en vehículos que no han sido habilitados para tal fin por las autoridades competentes.
Adicionalmente a las medidas contempladas también se verán sancionados los taxistas que sean descubiertos prestando servicios de transporte colectivo de pasajeros dado que infringen el Decreto 172 de 2011, limitando en efecto otras modalidades de transporte regulado, siendo el caso particular de los buses, busetas, colectivos y el sistema de transporte masivo. Esta medida en principio garantiza que los vehículos cumplan con su proceso de homologación frente a las autoridades de movilidad concernientes, siendo usados en respeto a los fines correspondientes con su función.
En entrevista para Blu Radio el Viceministro de Transporte Juan Camilo Bustos espera que las medidas implementadas reduzcan la participación de las plataformas ilegales en el país y permitan a cientos de taxistas cumplir cómodamente con la prestación de sus servicios. Entre 2016 y 2018 se han impuesto sanciones estrictas a 10.000 conductores sorprendidos en flagrancia, enfrentando el reglamentario proceso de suspensión de sus matrículas viéndose imposibilitados en consecuencia para emitir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, los seguros todo riesgo y ninguna de las pólizas que les permiten transitar libremente por las vías nacionales.
Aclara Bustos que una vez el conductor es penalizado su licencia será suspendida provisionalmente por un periodo de seis meses, si al término de este periodo el infractor reincide en esta falta, se cancela su licencia de conducción por un periodo de 25 años dando pie a la cancelación de la matricula correspondiente al vehículo inmovilizado. Con el tiempo se espera que los controles policiales se vean reforzados con el propósito de contrarrestar el fenómeno de la ilegalidad en el transporte público, estableciendo parámetros de actuación legal que favorecen al gremio de taxistas y transportadores en general.